Hoy como nunca antes en la historia nacional el Estado mexicano enfrenta una guerra que amenaza su existencia. Se trata de una amenaza real, palpable, que es visible para todos y que tiene la capacidad de afectar todas y cada una de las esferas de la vida, pública y privada, de los individuos de la sociedad mexicana. Si bien los factores que nos han conducido hasta este punto son diversos, de distintos orígenes y de magnitud variable, lo cierto es que la situación en que se encuentra el país es crítica. De algo podemos estar seguros, sin embargo, y es que las condiciones empeorarán de manera significativa antes de que comiencen siquiera a mejorar un poco. Ante este escenario el Estado mexicano debe asumir un compromiso de la más elevada potestad de que sea capaz, ya que lo que está en juego es el futuro mismo del país.
La señal de alarma es la violencia. Para nadie debería ser nuevo que actividades como el contrabando y el tráfico de determinados productos, desde el tabaco, pasando por las bebidas alcohólicas, las drogas, hasta llegar a productos suntuosos, hayan estado presentes en la historia de México. Ya sea porque se tratara de productos cuya comercialización hubiera estado prohibida, o que fueran de difícil adquisición, o que se introdujeran al país provenientes desde otros lugares, incluso desde otros continentes para su circulación en el nuestro, lo cierto es que tanto el contrabando como el tráfico de mercancías han estado presentes en las dinámicas económicas de México a lo largo de la historia. Lo novedoso del fenómeno consiste, pues, en las altas tasas de violencia que lo acompañan. Conviene detenerse un poco en este punto.
La situación en México, como bien lo explica el doctor Fernando Escalante, presenta una configuración en la que coinciden dos fenómenos: por un lado, la debilidad del Estado mexicano y, por el otro, la existencia de organizaciones criminales con un negocio millonario. La debilidad del Estado, afirma Escalante, es casi un dato que puede darse por descontado. Cualquiera de los indicadores que se quiera emplear dirá prácticamente lo mismo: el Estado tiene recursos insuficientes para cumplir incluso con tareas básicas; su base fiscal es pequeña, precaria y volátil; carece de un servicio civil sólido, profesional, bien equipado; y no puede contar con una obediencia inmediata, incondicional y uniforme de la legalidad. Ante este escenario, y al añadir la presencia de distintas organizaciones del narcotráfico en diversas partes del territorio nacional, la disputa que se genera es la más elemental: aquella por el control sobre el espacio.
La amenaza que plantean las organizaciones del narcotráfico al Estado mexicano no es, sin embargo, de naturaleza política. Es decir, estas organizaciones no se plantean como objetivo su ascenso al poder, a posiciones de toma de decisión desde las cuales tuvieran la posibilidad de diversificar su cartera de negocios o incluso de aumentar sus ganancias. La lógica de los carteles de la droga transita por otras vías y únicamente aprovecha las debilidades o fallas del Estado para fortalecer sus posiciones y obtener así mayores utilidades de su negocio. Si descomponen la estructura estatal a través de la corrupción de funcionarios públicos, por ejemplo, no es con el afán de apoderarse de la misma sino de fortalecerse frente al desmoronamiento y la desorganización del Estado. Por tanto, se podría afirmar, sin demasiadas dificultades, que la amenaza que plantean las organizaciones del narcotráfico a la soberanía del Estado mexicano pasa más por el dominio de diferentes partes del territorio nacional, que por una amenaza política. Asistimos, pues, a la disputa por el monopolio de la violencia física legítima dentro de diversos territorios determinados.
Sin embargo, hasta este punto, la imagen que se tiene de las organizaciones del narcotráfico, o de los distintos carteles de la droga, puede ser engañosa y desorientar un poco. Conviene, pues, detenerse en este punto. Como afirma Fernando Escalante, lo más frecuente –en la prensa, en los discursos políticos, y también en algunos trabajos académicos– es que se recurra a la imagen de unos cuantos carteles que controlarían un negocio de 100.000 millones de dólares anuales. Y se habla de capos y ajustes de cuentas y demás, con una imaginería tomada de El Padrino. Pero la realidad es un poco más complicada. Para empezar, los 100.000 millones de dólares del negocio son una fantasía, una cifra más que dudosa, construida a partir de indicadores muy poco confiables y muy obviamente sesgados (el dato proviene de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés). Los ajustes y las correcciones que se han hecho reducen la cifra a la mitad por lo menos. Por otra parte, en la composición del precio final de la droga, más de 70% corresponde a los últimos dos tramos: distribución local y minorista; es decir, el gran negocio no es el del contrabando, aunque siga siendo un negocio millonario. Hay que tomar en cuenta también que rara vez existe una «integración vertical» que incluya cultivo, procesamiento, contrabando, distribución y venta al menudeo. Los controles de puertos y fronteras favorecen una concentración relativa del contrabando en los grupos mejor organizados, pero el único tramo en que hay una posibilidad más o menos obvia de control monopólico es la venta al menudeo, que es un negocio rigurosamente local. Todo ello significa, concluye Escalante, que el narcotráfico no tiene una organización uniforme: su arraigo en la sociedad es muy distinto en cada uno de los tramos, y sus prácticas también. Es distinta su forma de actuar y muy variable el volumen del negocio en la producción de marihuana, amapola, cocaína, en laboratorios, rutas, puertos o mercado, en lugares donde únicamente se siembra o donde sobre todo se arregla el tránsito.
Regresemos, finalmente, a la violencia del fenómeno, para intentar redondear este marco que nos permitirá analizar, de manera breve, la situación que atraviesa el país. La mezcla de todos los factores antes mencionados nos ha conducido a un escenario en el que el crimen organizado y el negocio de la droga se articulan para socavar la autoridad del Estado generando, en última instancia, que el conjunto de la vida social quede condicionado por la violencia. Muestras de violencia sistemática que se traducen en atentados, secuestros, extorsiones, asesinatos y ataques no ya sólo dirigidos hacia los representantes del Estado, sino también hacia la sociedad misma, situación intolerable, que genera indignación y que es, sin duda alguna, lo más preocupante del fenómeno. Ante este escenario, se esperaría una respuesta integral, articulada y consistente por parte de aquellas autoridades encargadas de hacer frente a la delincuencia organizada. Más aún, sería de esperar que se diseñara una política de Estado, que trascendiera las fronteras partidistas pero con la colaboración de todas y cada una de las fuerzas políticas del país, demostrando así su compromiso con el porvenir de México y con el bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, la realidad que observamos día a día es diametralmente opuesta a estos planteamientos.
En fechas recientes, la guerra del gobierno del presidente Calderón en contra de las organizaciones del narcotráfico, particularmente en contra del cartel de la Familia de Michoacán, se ha recrudecido exponencialmente, poniendo de relieve la magnitud del conflicto que enfrenta el Estado mexicano. No se trata de una amenaza política, sino de una más básica: aquella por el control sobre el espacio. El ejemplo más claro es el que representa la autopista Siglo XXI, que conecta al puerto de Lázaro Cárdenas con la capital del estado, Michoacán, pasando por sitios como Infiernillo, Nueva Italia y Uruapan. El tránsito por esta vía está prohibido para los representantes del Estado, en particular para aquellos elementos del gobierno federal, ya sea policía federal o ejército, y el hacerlo conlleva el riesgo, por lo demás casi seguro, de sufrir una emboscada por parte de los sicarios del cartel de la Familia. A partir de este ejemplo se puede comprender más fácilmente el tipo de operación, de una naturaleza predatoria y no política, que desarrolla el cartel de la Familia, intimidando, extorsionando y atentando contra la integridad, seguridad, libertad y en última instancia, contra la vida de los miembros de la sociedad, cobrando ‘derecho de piso’. No pasa pues por la noción de ‘gobernar’, en su acepción más general, a la población de un territorio determinado, sino que se limita a reclamar para sí el monopolio de la violencia en ese territorio.
Este fenómeno adquiere tintes más dramáticos en el momento en que se da una articulación entre el crimen organizado y las autoridades, en todos los niveles de gobierno y de todos los partidos políticos. Tal situación deja al ciudadano en una indefensión total, ante ninguna instancia a la cual recurrir y sometido, ya sea, a la acción de las organizaciones del crimen organizado, o bien, a la omisión de la autoridad y a su falta de respuesta y de cumplimiento de sus obligaciones. Así, ya no es de sorprender que aparezcan acusaciones, por ejemplo, como las que señalan a Julio Cesar Godoy, medio hermano del gobernador del estado de Michoacán, Leonel Godoy, de ser operador del cartel de la Familia; o también las que señalan que durante la administración de Vicente Fox se benefició a Joaquín “El Chapo” Guzmán y a su organización delictiva concediéndole privilegios mientras se combatía a otras organizaciones del narcotráfico; o bien, el colmo del sinsentido, que familiares de personas identificadas como líderes de agrupaciones dedicadas al tráfico de drogas, o incluso miembros de dichas organizaciones identificados por los gobiernos de Estados Unidos y de México, sean beneficiarios de programas públicos, como los de la subrogación de guarderías del IMSS o también de PROCAMPO.
Más sorprendente resultan, o al menos así tendría que ser, las respuestas erráticas y oportunistas de los políticos en lo referente al tema de la guerra contra el narcotráfico. Es un tema en que, por principios, resulta políticamente incorrecto dejar leer entre líneas que no hay un compromiso total por la defensa de la soberanía del Estado: la postura de cada político debe ser contundente. Sin embargo, pocas veces sucede esto así. Un ejemplo claro se puede apreciar en las respuestas que generaron las declaraciones del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, respecto al reto lanzado en contra del cartel de la Familia:
– Señores, los estamos esperando. Métanse con la autoridad y no con los ciudadanos.
La opinión generalizada de los legisladores de todos los partidos políticos (TODOS) trató este discurso del secretario de Gobernación del gobierno federal de México como una bravuconada. Se trató, a su parecer, de ‘expresiones inadecuadas’, ‘desafortunadas’, ‘lamentables’ y ‘censurables’. Faltaba más, a los señores narcotraficantes, que se merecen todo nuestro respeto, no podemos, cómo podríamos, hablarles como lo hizo el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, es poco cortés y resulta de una ‘altanería’ insoportable. Ante este escenario, de algo podemos estar seguros, y es que las condiciones empeorarán de manera significativa antes de que comiencen siquiera a mejorar un poco. La conclusión a la que llega el doctor Fernando Escalante parece muy pertinente: la sensación general de inseguridad que acusa la opinión mexicana tiene como referente concreto la violencia del crimen organizado, y con razón, pero traduce también un miedo mucho más difuso: el de una sociedad inestable, sumamente desigual, con un sistema político fragmentado, de futuro incierto. Aunque no venga el caos, se anuncia tiempo nublado.
