En su texto de despedida de
La Crónica, el doctor Fernando Escalante se preguntaba qué cabría esperar de una columna semanal, qué puede hacerse o qué debe hacerse con ella, cómo evitar que termine asimilándose a ese parloteo engañoso de adivinos y de agencias de publicidad. Planteaba, aún en ese último texto a manera de tentativa, que a uno le corresponde a veces opinar, razonar y explicar una opinión, a veces denunciar, revelar algo que queda oculto o que no se ve del todo bien, buscar información nueva o distinta, proponer conjeturas, contrastes, a veces ayudar a esclarecer la coyuntura o sugerir una interpretación. Aclaraba que no es posible decir la Verdad, en primer lugar, porque no existe tal cosa como la Verdad, unívoca, homogénea, clara y unidireccional. En segundo lugar, la imposibilidad de decir la Verdad se debe a que una opinión o una conjetura no pueden ser verdaderas ni falsas, pero sí hay un criterio –el único– para evitar que lo que uno dice resulte engañoso: dialogar, discutir, confrontar lo que uno piensa con lo que piensan y publican otros, y permitir que el público juzgue, razone, evalúe por su cuenta, es decir, que exista de verdad como público. Este texto de despedida apareció publicado en La Crónica el día 24 de enero de 2007. En ese entonces el doctor Escalante concluía que eso no lo hay en México. Sólo rara vez y casi por error el autor de una columna se digna a mirar a los lados, a lo que escribe alguien en la página siguiente o en otro periódico; en lugar de vida pública tenemos una colección de párrocos, hablando cada uno desde su púlpito, para sus fieles. También eso es engañoso, es un simulacro, pero ¿quién lo dice?
A propósito de lo que ha sucedido con Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), es posible trasladar la conclusión del doctor Escalante a nuestros días. Eso, el dialogo, el debate, la confrontación de lo que uno piensa con lo que piensan y publican otros, así como la reflexión y el razonamiento por parte del público, eso no lo hay. Está claro que la religión política de muchos, su fanatismo, les impide la duda elemental sobre el tema, una duda razonable. Cada uno, desde su trinchera, está dispuesto a defender, no ya su opinión, sino la Verdad (como si tal cosa existiera), hasta las últimas consecuencias, condenándose así a defenderla a pesar del ridículo y del error. Hay algunas reflexiones que bien vale la pena presentar, a propósito de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, en un esfuerzo por contribuir así al debate público.
El hecho incontrovertible en esta situación es que LyFC era una empresa fallida. José Antonio Crespo afirma que la empresa es un auténtico elefante blanco, torpe e ineficiente, que devora cerca de 40 mil millones de pesos al año, emplea cinco veces más el personal que el requerido y ofrece a sus trabajadores privilegios injustificables que se disfrazan de “nacionalismo energético” y “autonomía sindical”. Por su parte, para René Delgado, el SME defiende privilegios, no derechos, supuestas conquistas que junto con la mala administración de la empresa terminaron por quebrar precisamente la fuente de trabajo. Sexenio tras sexenio ha resistido el saneamiento de la empresa hasta hacerla inviable, y eso vulnera el principal derecho laboral: el trabajo. Los gobiernos, continúa Crespo, han sido corresponsables de tales canonjías, es cierto, pero por eso mismo procede ponerles término.
La mejor demostración de la crisis que vivía LyFC, afirma Jorge Fernández Menéndez, es que la liquidación de la empresa y de todos sus trabajadores equivale a un tercio de lo que se entregó este año de subsidio para el gasto corriente de la misma: 42 mil millones recibió Luz y Fuerza de subsidio y la liquidación de su contrato colectivo costará 16 mil millones, más otros cuatro mil millones que se destinarán al pago de compensaciones adicionales para sus trabajadores. A pesar de esto, también se ha argumentado, y con razón, que no conviene dejar sin empleo a miles de trabajadores, menos en plena crisis. Es lo malo, afirma Crespo, de crear más plazas de las estrictamente necesarias, característica típica de los monopolios públicos, como también ocurre con Pemex. Cualquier empleo debe poder financiarse con recursos sanos, y no viviendo parasitariamente de recursos públicos, como lo hacía LyFC, situación que llevó a la quiebra a la empresa. Sin duda alguna que hubiera sido mejor tomar la decisión de la extinción de LyFC en época de vacas gordas —como lo fue el sexenio de Vicente Fox— para facilitar a los despedidos encontrar un nuevo empleo. Lástima que en México las decisiones no se tomen en el momento más adecuado, sino hasta que se tiene el agua hasta el cuello. Pero, concluye Crespo, me parece peor que tales decisiones jamás se tomen. Debe crecer y fortalecerse la exigencia social de que otras decisiones en torno a otras empresas quebradas y otros grupos privilegiados, sean igualmente tomadas.
La decisión de extinguir LyFC también ha generado la inconformidad de ciertos actores que es necesario examinar. A decir de Crespo, pareciera que para la izquierda, entre los extremos de mantener empresas públicas en profunda ineficiencia y su entrega a las transnacionales no existen opciones intermedias. Ante la eterna amenaza de la privatización total, mejor la quiebra financiera
ad infinitum. O el añejo populismo corporativo o el entreguismo incondicional. En México no puede avanzarse hacia una posición de mayor equilibrio y racionalidad sin que se denuncie como un “primer paso” para la entrega de la empresa al imperialismo transnacional. Así las cosas, resulta suspicaz que sea justo ahora, una vez que ha sido liquidada la empresa pública, que el SME, a partir de los planteamientos de sus dirigentes, se erija como defensor del pueblo de México. Es sólo ahora cuando esos personajes, encabezados por Martín Esparza, encuentran como por arte de magia, las listas en donde es posible demostrar quiénes son aquellas personas, físicas o morales, que no han pagado la luz por años. Insisto, resulta francamente sospechoso que sea justo ahora cuando esa información se da a conocer por parte del SME. O bien, es una muestra más de la ineficiencia de los trabajadores de la extinta LyFC, que no contaban con esa información, o más bien es la evidencia de las redes de corrupción que se tejían en torno a la empresa. Sea cual fuere la respuesta, sería complicado, si no es que hasta hipócrita, autoerigirse como defensores del pueblo con tales antecedentes.
Revisemos ahora algunas afirmaciones de aquellos que se han integrado a las inconformidades que encabeza el SME. Basta revisar un poco las columnas de
La Jornada para darse cuenta del tipo de discurso que manejan. No hay una sola frase, ni siquiera una palabra, que haga referencia a la corrupción del sindicato, a la ineficiencia de los trabajadores, a los privilegios que éstos tenían. No. La decisión, más bien, es presentada en esos textos como una afrenta más de los de allá, los de mero arriba. Hay por tanto una percepción de agravio que alimenta la inconformidad de ciertos grupos de la sociedad. Tampoco hay ninguna referencia a los usuarios de la extinta empresa, ni a los abusos a que fuimos sometidos por tanto tiempo: el mal servicio, la corrupción, altos cobros, malas mediciones. Habría que suponer que para quienes manejan esta visión nosotros, en tanto usuarios de la desaparecida empresa pública, no formaríamos parte de eso a lo que llaman ‘pueblo de México’. Éste es, a grandes rasgos, el discurso que se ha articulado para expresar la inconformidad por la decisión de extinguir LyFC. Bastante simple, parcial, y que únicamente funciona para dar sustento a los argumentos y conclusiones de estos actores, pero que de poco sirve para poder comprender a cabalidad las verdaderas dimensiones de la situación. Cuando de pronto, y de un plumazo, ese sentimiento de agravio del SME es presentado como un agravio hacia el pueblo de México, el discurso, francamente, comienza a hacer agua. Otro argumento más, éste presentado por Martín Esparza ante la acusación de una ciudadana, es el que sostiene que los trabajadores no recibían en su sueldo ni un centavo proveniente de nuestros impuestos, que todo lo que recibían era producto de su trabajo. Teóricamente así tendría que ser, que cada empleo estuviera respaldado por recursos sanos, como mencionaba Crespo. Sin embargo, una empresa pública que funcionaba desde hace bastante tiempo en números rojos, y que además era capaz de dar a sus trabajadores la clase de privilegios y prerrogativas que tenían los trabajadores del SME, no se podría sostener a no ser que lo hiciera con los recursos públicos que se le inyectaban año con año, recursos públicos provenientes de nuestros impuestos. Así, el argumento de Esparza que teóricamente no tiene falla, choca irremediablemente con la evidencia de la realidad. De la misma manera, Porfirio Muñoz Ledo, en su programa de canal 34 de TV Mexiquense, concluía con una de sus ya famosas sentencias,
punch line en que explica todo y elimina toda posibilidad de duda, que ‘ahora resulta que el gobierno y todo aquel que apoye la decisión de extinguir LyFC quieren eliminar los derechos laborales de los trabajadores del SME y, en lugar de que se buscara que todos tengamos esos mismos beneficios, se quiere traer a los trabajadores electricistas a las mismas condiciones precarias en que vive la mayoría de la sociedad’. Nuevamente, esta afirmación deja de lado que esos derechos laborales a que alude Muñoz Ledo son posibles únicamente en la medida en que dependen de los recursos públicos que se han destinado por tantos años a mantener a esa empresa fallida que fue LyFC. Por tanto, y tras un breve análisis de los argumentos en que se ha articulado la inconformidad por la extinción de LyFC, resulta francamente sospechoso que la defensa del pueblo mexicano pase por la defensa de los privilegios de los trabajadores del SME, a costa de los recursos públicos que todos aportamos y que bien podrían ser invertidos en cuestiones más importantes que en la construcción de un complejo deportivo con la asesoría de la NBA, por ejemplo. Exactamente la misma argumentación cabría para el caso de la educación: que, ineludiblemente, la defensa del pueblo mexicano pasa por la defensa de las prerrogativas que tienen los miembros del SNTE, de vender o heredar sus plazas, de recibir constantemente más recursos, independientemente de que aumenten su productividad o la calidad de la educación, o que dejen de dar clases a los niños para acudir a marchas y demás manifestaciones. Es exactamente el mismo discurso.
Ahora bien, tampoco podemos pecar de ingenuidad y caer directamente en el polo opuesto. Sería un error suponer que el gobierno federal, al tomar esta decisión, manejó como criterio fundamental el bienestar de los mexicanos. Tan corrupta, ineficiente e inviable era LyFC en 2009, como lo era en 2008 o en 2007 o en el sexenio anterior. La decisión pasa más bien por un criterio de eficiencia en el gasto público ante la crisis económica que atravesamos. Tampoco podemos obviar temas como el uso de la infraestructura ya establecida para proveer a los usuarios del triple play, concesión que al parecer el gobierno federal pretende otorgar a una empresa cuyos representantes legales son dos exsecretarios del gobierno federal durante la administración foxista. Como ciudadanos debemos estar siempre al pendiente del uso que se haga de los recursos y de los bienes públicos. Que éstos no se utilicen para beneficiar a unos cuantos, sean éstos altos funcionarios del gobierno o del poder legislativo o de importantes empresas trasnacionales, pero tampoco para el beneficio exclusivo de sindicatos corruptos e ineficientes que lejos de buscar el bienestar de los mexicanos sólo intentan conseguir mayores privilegios. Ante este escenario, y no con un afán concluyente, sino más bien para dar inicio a un debate con contenido, la afirmación de Fernández Menéndez me parece pertinente: no será fácil, pero esperemos que la liquidación de LyFC sea el primer paso para dejar de derrochar el dinero que no tenemos.
En su texto de despedida de La Crónica, el doctor Fernando Escalante se preguntaba qué cabría esperar de una columna semanal, qué puede hacerse o qué debe hacerse con ella, cómo evitar que termine asimilándose a ese parloteo engañoso de adivinos y de agencias de publicidad. Planteaba, aún en ese último texto a manera de tentativa, que a uno le corresponde a veces opinar, razonar y explicar una opinión, a veces denunciar, revelar algo que queda oculto o que no se ve del todo bien, buscar información nueva o distinta, proponer conjeturas, contrastes, a veces ayudar a esclarecer la coyuntura o sugerir una interpretación. Aclaraba que no es posible decir la Verdad, en primer lugar, porque no existe tal cosa como la Verdad, unívoca, homogénea, clara y unidireccional. En segundo lugar, la imposibilidad de decir la Verdad se debe a que una opinión o una conjetura no pueden ser verdaderas ni falsas, pero sí hay un criterio –el único– para evitar que lo que uno dice resulte engañoso: dialogar, discutir, confrontar lo que uno piensa con lo que piensan y publican otros, y permitir que el público juzgue, razone, evalúe por su cuenta, es decir, que exista de verdad como público. Este texto de despedida apareció publicado en La Crónica el día 24 de enero de 2007. En ese entonces el doctor Escalante concluía que eso no lo hay en México. Sólo rara vez y casi por error el autor de una columna se digna a mirar a los lados, a lo que escribe alguien en la página siguiente o en otro periódico; en lugar de vida pública tenemos una colección de párrocos, hablando cada uno desde su púlpito, para sus fieles. También eso es engañoso, es un simulacro, pero ¿quién lo dice?
