Pecios (Onetti)

Tal vez nos convirtamos en sirvientes de la Cibernética. Pero sentimos que siempre sobrevivirá en algún lugar de la tierra un hombre distraído que dedique más horas al ensueño que al sueño o al trabajo y que no tenga otro remedio para no perecer como ser humano que el de inventar y contar historias. También estamos seguros de que ese hipotético y futuro antisocial encontrará un público afectado por el mismo veneno que se reúna para rodearlo y escucharlo mentir. Y será imprescindible –lo vaticinamos con la seguridad de que nunca oiremos ser desmentidos– que ese supuesto sobreviviente preferirá hablar con la mayor claridad que le sea posible de la absurda aventura que significa el paso de la gente sobre la tierra. Y que evitará, también dentro de lo posible, mortificar a sus oyentes con literatosis.

La guerra contra el narcotráfico

Hoy como nunca antes en la historia nacional el Estado mexicano enfrenta una guerra que amenaza su existencia. Se trata de una amenaza real, palpable, que es visible para todos y que tiene la capacidad de afectar todas y cada una de las esferas de la vida, pública y privada, de los individuos de la sociedad mexicana. Si bien los factores que nos han conducido hasta este punto son diversos, de distintos orígenes y de magnitud variable, lo cierto es que la situación en que se encuentra el país es crítica. De algo podemos estar seguros, sin embargo, y es que las condiciones empeorarán de manera significativa antes de que comiencen siquiera a mejorar un poco. Ante este escenario el Estado mexicano debe asumir un compromiso de la más elevada potestad de que sea capaz, ya que lo que está en juego es el futuro mismo del país.

La señal de alarma es la violencia. Para nadie debería ser nuevo que actividades como el contrabando y el tráfico de determinados productos, desde el tabaco, pasando por las bebidas alcohólicas, las drogas, hasta llegar a productos suntuosos, hayan estado presentes en la historia de México. Ya sea porque se tratara de productos cuya comercialización hubiera estado prohibida, o que fueran de difícil adquisición, o que se introdujeran al país provenientes desde otros lugares, incluso desde otros continentes para su circulación en el nuestro, lo cierto es que tanto el contrabando como el tráfico de mercancías han estado presentes en las dinámicas económicas de México a lo largo de la historia. Lo novedoso del fenómeno consiste, pues, en las altas tasas de violencia que lo acompañan. Conviene detenerse un poco en este punto.

La situación en México, como bien lo explica el doctor Fernando Escalante, presenta una configuración en la que coinciden dos fenómenos: por un lado, la debilidad del Estado mexicano y, por el otro, la exis­tencia de organizaciones criminales con un negocio millonario. La debilidad del Estado, afirma Escalante, es casi un dato que puede darse por descontado. Cualquiera de los indicadores que se quie­ra emplear dirá prácticamente lo mismo: el Estado tiene recursos insuficientes para cumplir incluso con tareas básicas; su base fiscal es peque­ña, precaria y volátil; carece de un servicio civil sólido, profesional, bien equipado; y no puede contar con una obediencia inmediata, incondicional y uniforme de la legalidad. Ante este escenario, y al añadir la presencia de distintas organizaciones del narcotráfico en diversas partes del territorio nacional, la disputa que se genera es la más elemental: aquella por el control sobre el espacio.

La amenaza que plantean las organizaciones del narcotráfico al Estado mexicano no es, sin embargo, de naturaleza política. Es decir, estas organizaciones no se plantean como objetivo su ascenso al poder, a posiciones de toma de decisión desde las cuales tuvieran la posibilidad de diversificar su cartera de negocios o incluso de aumentar sus ganancias. La lógica de los carteles de la droga transita por otras vías y únicamente aprovecha las debilidades o fallas del Estado para fortalecer sus posiciones y obtener así mayores utilidades de su negocio. Si descomponen la estructura estatal a través de la corrupción de funcionarios públicos, por ejemplo, no es con el afán de apoderarse de la misma sino de fortalecerse frente al desmoronamiento y la desorganización del Estado. Por tanto, se podría afirmar, sin demasiadas dificultades, que la amenaza que plantean las organizaciones del narcotráfico a la soberanía del Estado mexicano pasa más por el dominio de diferentes partes del territorio nacional, que por una amenaza política. Asistimos, pues, a la disputa por el monopolio de la violencia física legítima dentro de diversos territorios determinados.

Sin embargo, hasta este punto, la imagen que se tiene de las organizaciones del narcotráfico, o de los distintos carteles de la droga, puede ser engañosa y desorientar un poco. Conviene, pues, detenerse en este punto. Como afirma Fernando Escalante, lo más frecuente –en la prensa, en los discursos políticos, y también en algunos trabajos académicos– es que se recurra a la imagen de unos cuantos carteles que controlarían un negocio de 100.000 millones de dólares anuales. Y se habla de capos y ajustes de cuentas y demás, con una ima­ginería tomada de El Padrino. Pero la realidad es un poco más complicada. Para empezar, los 100.000 millones de dólares del negocio son una fantasía, una cifra más que dudosa, construida a partir de indicadores muy poco con­fiables y muy obviamente sesgados (el dato proviene de la Agencia Antidro­gas de Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés). Los ajustes y las correc­ciones que se han hecho reducen la cifra a la mitad por lo menos. Por otra parte, en la composición del precio final de la droga, más de 70% corresponde a los últimos dos tramos: distribución local y minorista; es decir, el gran ne­gocio no es el del contrabando, aunque siga siendo un negocio millonario. Hay que tomar en cuenta también que rara vez existe una «integración verti­cal» que incluya cultivo, procesamiento, contrabando, distribución y venta al menudeo. Los controles de puertos y fronteras favorecen una concentración relativa del contrabando en los grupos mejor organizados, pero el único tra­mo en que hay una posibilidad más o menos obvia de control monopólico es la venta al menudeo, que es un negocio rigurosamente local. Todo ello significa, concluye Escalante, que el narcotráfico no tiene una organización uniforme: su arraigo en la sociedad es muy distinto en cada uno de los tramos, y sus prác­ticas también. Es distinta su forma de actuar y muy variable el volumen del negocio en la producción de marihuana, amapola, cocaína, en laboratorios, rutas, puertos o mercado, en lugares donde únicamente se siembra o donde sobre todo se arregla el tránsito.

Regresemos, finalmente, a la violencia del fenómeno, para intentar redondear este marco que nos permitirá analizar, de manera breve, la situación que atraviesa el país. La mezcla de todos los factores antes mencionados nos ha conducido a un escenario en el que el crimen organizado y el negocio de la droga se articulan para socavar la autoridad del Estado generando, en última instancia, que el conjunto de la vida social quede condicionado por la violencia. Muestras de violencia sistemática que se traducen en atentados, secuestros, extorsiones, asesinatos y ataques no ya sólo dirigidos hacia los representantes del Estado, sino también hacia la sociedad misma, situación intolerable, que genera indignación y que es, sin duda alguna, lo más preocupante del fenómeno. Ante este escenario, se esperaría una respuesta integral, articulada y consistente por parte de aquellas autoridades encargadas de hacer frente a la delincuencia organizada. Más aún, sería de esperar que se diseñara una política de Estado, que trascendiera las fronteras partidistas pero con la colaboración de todas y cada una de las fuerzas políticas del país, demostrando así su compromiso con el porvenir de México y con el bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, la realidad que observamos día a día es diametralmente opuesta a estos planteamientos.

En fechas recientes, la guerra del gobierno del presidente Calderón en contra de las organizaciones del narcotráfico, particularmente en contra del cartel de la Familia de Michoacán, se ha recrudecido exponencialmente, poniendo de relieve la magnitud del conflicto que enfrenta el Estado mexicano. No se trata de una amenaza política, sino de una más básica: aquella por el control sobre el espacio. El ejemplo más claro es el que representa la autopista Siglo XXI, que conecta al puerto de Lázaro Cárdenas con la capital del estado, Michoacán, pasando por sitios como Infiernillo, Nueva Italia y Uruapan. El tránsito por esta vía está prohibido para los representantes del Estado, en particular para aquellos elementos del gobierno federal, ya sea policía federal o ejército, y el hacerlo conlleva el riesgo, por lo demás casi seguro, de sufrir una emboscada por parte de los sicarios del cartel de la Familia. A partir de este ejemplo se puede comprender más fácilmente el tipo de operación, de una naturaleza predatoria y no política, que desarrolla el cartel de la Familia, intimidando, extorsionando y atentando contra la integridad, seguridad, libertad y en última instancia, contra la vida de los miembros de la sociedad, cobrando ‘derecho de piso’. No pasa pues por la noción de ‘gobernar’, en su acepción más general, a la población de un territorio determinado, sino que se limita a reclamar para sí el monopolio de la violencia en ese territorio.

Este fenómeno adquiere tintes más dramáticos en el momento en que se da una articulación entre el crimen organizado y las autoridades, en todos los niveles de gobierno y de todos los partidos políticos. Tal situación deja al ciudadano en una indefensión total, ante ninguna instancia a la cual recurrir y sometido, ya sea, a la acción de las organizaciones del crimen organizado, o bien, a la omisión de la autoridad y a su falta de respuesta y de cumplimiento de sus obligaciones. Así, ya no es de sorprender que aparezcan acusaciones, por ejemplo, como las que señalan a Julio Cesar Godoy, medio hermano del gobernador del estado de Michoacán, Leonel Godoy, de ser operador del cartel de la Familia; o también las que señalan que durante la administración de Vicente Fox se benefició a Joaquín “El Chapo” Guzmán y a su organización delictiva concediéndole privilegios mientras se combatía a otras organizaciones del narcotráfico; o bien, el colmo del sinsentido, que familiares de personas identificadas como líderes de agrupaciones dedicadas al tráfico de drogas, o incluso miembros de dichas organizaciones identificados por los gobiernos de Estados Unidos y de México, sean beneficiarios de programas públicos, como los de la subrogación de guarderías del IMSS o también de PROCAMPO.

Más sorprendente resultan, o al menos así tendría que ser, las respuestas erráticas y oportunistas de los políticos en lo referente al tema de la guerra contra el narcotráfico. Es un tema en que, por principios, resulta políticamente incorrecto dejar leer entre líneas que no hay un compromiso total por la defensa de la soberanía del Estado: la postura de cada político debe ser contundente. Sin embargo, pocas veces sucede esto así. Un ejemplo claro se puede apreciar en las respuestas que generaron las declaraciones del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, respecto al reto lanzado en contra del cartel de la Familia:

– Señores, los estamos esperando. Métanse con la autoridad y no con los ciudadanos.

La opinión generalizada de los legisladores de todos los partidos políticos (TODOS) trató este discurso del secretario de Gobernación del gobierno federal de México como una bravuconada. Se trató, a su parecer, de ‘expresiones inadecuadas’, ‘desafortunadas’, ‘lamentables’ y ‘censurables’. Faltaba más, a los señores narcotraficantes, que se merecen todo nuestro respeto, no podemos, cómo podríamos, hablarles como lo hizo el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, es poco cortés y resulta de una ‘altanería’ insoportable. Ante este escenario, de algo podemos estar seguros, y es que las condiciones empeorarán de manera significativa antes de que comiencen siquiera a mejorar un poco. La conclusión a la que llega el doctor Fernando Escalante parece muy pertinente: la sensación general de inseguridad que acusa la opinión mexicana tiene como referente concreto la violencia del crimen organizado, y con razón, pero traduce también un miedo mucho más difuso: el de una sociedad inestable, sumamente desigual, con un sistema político fragmentado, de futuro incier­to. Aunque no venga el caos, se anuncia tiempo nublado.

Pecios (como a manera de prólogo)

I

Leía, en alguna ocasión, a un autor del ‘star system’ mexicano. Le preguntaron sobre la influencia que había tenido en su obra la idea del suicidio y si acaso, alguna vez, pensó en ejecutarla. Inmediatamente, y demostrando con ello la agilidad propia de un intelectual, respondió que ninguna, y que, al ser él mismo un optimista empedernido, tenía la fuerza suficiente para aguantar cualquier cosa, hasta el final.

II

Tras semejante afirmación no pude evitar que se dibujara en mi rostro una sonrisa. Es evidente. El pretendido autor mentía. Se engañaba a sí mismo e intentaba engañar a sus entrevistadores. Hacía, de entrada, una valoración moral sobre el suicidio, descalificándolo, al desplegar su optimismo, su empedernido optimismo.



III

El optimismo no es más que una renuncia. El acuerdo para dejar de percibir la realidad tal cual es para comenzar a percibirla tal como nos gustaría que fuera. Lo que llaman ‘capacidad de ver las cosas buenas de cualquier situación’ no consiste más que en una forma sesgada de ver las cosas. El pesimismo, contrario a lo que la generalidad piensa, no es más que la resignación: sabemos que estamos condenados a la derrota, no hay manera en que podamos salir victoriosos de esta afrenta y, sin embargo, decidimos seguir en la lucha. Aceptamos de antemano el fracaso, pero no por ello estamos dispuestos a renunciar. Podrá ser el camino a la perdición, sí, pero consiste, precisamente por ello, en el camino más elevado, el único que vale la pena caminar.

Izquierda y lucha por la democracia en Honduras: Reflexión de Israel González Ocampo

En esta ocasión, mi compañero Héctor me ha pedido que colabore en el espacio de El Espectador con algunas reflexiones sobre lo que ha sucedido en Honduras desde hace un par de semanas. Con gusto lo hago.  

             

No cabe duda que la izquierda, aquella postura política que muchos detestan y que infinitamente muchos más comparten –la gran mayoría sin saberlo, pero inscribiéndose sobre sus principios–, está ganando terreno en la comunidad mundial. Y no es que se trate de un fenómeno social nuevo, los principios de la izquierda surgieron con la humanidad, al igual que los de la derecha. Lo que actualmente se vive, es la izquierda desde arriba, la izquierda desde los más altos mandos que pueden representar a un pueblo, a un Estado nacional. Se trata pues, de una nueva etapa en la que las fuerzas de la derecha se encuentran enfrentadas a una izquierda cada vez más poderosa e influyente en la toma de decisiones que conciernen a la organización del Estado. Hoy, por fin, esa guerra ideológica inclina la balanza hacia el lado del Estado benefactor, hacia aquellas acciones germinadas con más fuerza durante los primeros años del siglo XIX, en los que las desigualdades sociales que generaba el sistema capitalista se manifestaban a diestra y siniestra, y sólo con una clase: aquella de los artesanos, de los obreros, en general, aquella de los trabajadores que la nueva industria menospreció y cuyos primeros dueños se enriquecían despiadada e inconmensurablemente. 

El socialismo utópico, que después fue científico, se enfrenta desde entonces y de manera constante, a las fuerzas de una derecha cada vez más recalcitrante y evolucionada, dueña del orden social establecido, dueña incluso, de las mentes de los más reacios enemigos de la izquierda, convencidos por un poder que ni sus increíbles inteligencias alcanzan a distinguir; no se encuentran confundidos, ¡no!, son fieles a los ideales que la religión de la derecha les enseñó, no la cuestionan, no necesitan abrir los ojos para creer en ella, no tienen en mente otra cosa, funcionan en torno a ella sin reparo. 

Afortunadamente, la izquierda no se encuentra sola, el “pueblo” y muy destacadas personalidades e intelectuales de nivel mundial están a su lado y continúan en el campo de batalla día a día. Ya se han sumado también las autoridades de más alto nivel y, si bien tal adherencia no es característica sólo de nuestra época, sí lo es en una época en la que el gobierno de Estados Unidos, a pesar de su innegable influencia, se muestra distante, ocupado en primera instancia por su guerra contra el terrorismo internacional. América Latina, ahora, tiene mayor libertad. El derrocamiento de los gobiernos socialistas y el asesinato de sus representantes y la instauración de dictaduras, fueron movimientos políticos auspiciados por el actual hegemón, producto de su temor a que la entonces Unión Soviética pudiera “invadir” su zona de influencia, América Latina, claro. 

El surgimiento de gobiernos de izquierda ha constituido un bloque a los intereses económicos y políticos estadounidenses. Pero dicho surgimiento no se ha dado sólo, el abandono de Estados Unidos por la región y los continuos fracasos de las reformas económicas promovidas por su Consenso de Washington en la década de los años ochenta ha permitido el ascenso del poder de la izquierda, inconforme con tales resultados y convencida aún más de su existencia.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no ha dado los resultados promovidos, mucho menos los esperados, no en América Latina. Ante tanto fracaso, las nuevas intenciones estadounidenses de carácter económico han perdido credibilidad, las pruebas son contundentes, aquí en América Latina, en todo el mundo. Por ello, ya no se debe tener esperanzas ante un soñado éxito sobre las propuestas del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), al menos no por parte de Estados Unidos. 

Ahora la tendencia es hacia la Alternativa Bolivariana para las Américas, propuesta de la izquierda latinoamericana y a la que sin objeción ya se han sumado países como Bolivia, Nicaragua, Honduras, Dominica, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda y Ecuador. El proyecto de la Venezuela de Hugo Chávez y la Cuba de Fidel Castro ya demostró su éxito.

Hoy, la injusta remoción del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, es, probablemente, la evidencia del regreso de Estados Unidos a la palestra latinoamericana. Pero también es evidencia de la izquierda en América Latina. La intervención directa estadounidense no se puede comprobar aún, a diferencia de aquellas del período del Estado de Seguridad Nacional. El gobierno de Estados Unidos primero condenó el golpe, sin embargo, ha bajado el tono modificando su posición hacia una actitud que promueve a escuchar y analizar ambas partes. Ésta vez la intransigencia de su oración no ha sido característica. Barack Obama seguirá los principios de la política exterior estadounidense quizá con un discurso menos renuente.

Lo que es cierto, es que aunque Roberto Micheletti lo niegue, la deposición del presidente electo Manuel Zelaya constituyó una acción unilateral, una acción de la derecha para terminar con los avances sociales que hasta ese momento había conquistado el presidente constitucional, el golpe de Estado ha interrumpido un gobierno cuyo período debería extenderse hasta enero de 2010 por mandato democrático.

Manuel Zelaya propuso a su partido –el Partido Liberal– y al Partido Nacional, desde noviembre de 2008, la posibilidad de que se convocase al pueblo hondureño a un plebiscito en el que se pronunciaría sobre la instalación de la Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. El plebiscito se llevaría a cabo en las elecciones generales de noviembre de 2009, en las que se eligen presidente, diputados y cuerpos municipales. Las diferencias con los demás poderes nacionales surgieron desde entonces y las ideas para derrocar a Zelaya comenzaron a gestarse. Antes del golpe, el presidente ya había anunciado el fracaso de los intentos de la oposición por destituirlo. Por su parte, la OEA había pronunciado su apoyo para analizar la situación y contribuir al diálogo entre las partes discordantes mediante el envío de una comisión. En este contexto, la fecha para la consulta popular tuvo que ser anticipada, la nueva fecha fue el domingo 28 de junio. Desde el viernes 26 se comenzó a distribuir el material para dicha consulta a pesar del desacuerdo respecto de la misma de parte del Congreso de la República, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia; estas instituciones la declararon ilegal. Cabe resaltar que el Partido Liberal también se opuso a la propuesta.

Pero, ¿por qué declarar ilegal una propuesta para consultar al pueblo hondureño? ¿No acaso la opinión del pueblo también conforma al mandato democrático?

Los temores de la derecha fueron varios, entre ellos, la idea de que por medio de las reformas a la Constitución el presidente Zelaya pretendiera extender su período de gobierno. La intención fue que con la instalación de la Asamblea Constituyente se comenzaran los proyectos de reforma constitucional, o en su caso, la creación de una nueva Carta Magna, ya que la actual, según palabras del presidente Zelaya, “es un completo desorden que crea más bien confusión y es contradictoria.” Sin embargo, vale mencionar que si el único motivo hubiera sido extender el período presidencial, la calidad de presidente constitucional de Zelaya lo encontraba con la plena facultad de promover tales propuestas. ¿Qué peligro puede haber en ello? Quizá la aceptación del pueblo podría constituirse, a posteriori, como la aprobación de un segundo mandato presidencial…de izquierda. Declarar ilegal una propuesta que será consultada y negociada con el pueblo, es declarar ilegal la opinión del mismo, es invalidar su derecho a expresarse. Amordazar de tal manera a un pueblo entero sólo es característica del sometimiento que acompaña a las dictaduras, constituye la antítesis de la democracia. Tal parece que los logros sociales demostrados durante el mandato de Zelaya no han bastado para que las instituciones confíen plenamente en el presidente electo por el pueblo. ¿O se trata a caso del temor a que un presidente que ha mostrado tendencias izquierdistas pueda continuar con un mandato que logre extenderse por un período más largo de tiempo y que pueda adquirir las características del gobierno venezolano?

La derecha no sabe perder. Roberto Micheletti no aceptó que su gobierno de facto se instauró después de un golpe de Estado, el uso que hizo de la fuerza militar es una evidencia que así lo comprueba a pesar de lo que él mismo niega. 

No nos engañemos, el 28 de junio, día del crimen de Estado en Honduras, se había conspirado con anticipación garrafal. El teatro gubernamental actuó tontamente: el 28 de junio sería la consulta popular, pero ese mismo día por la madrugada se irrumpió violentamente en la residencia del presidente para posteriormente exiliarlo en Costa Rica y así impedir la consulta. Los militares hicieron bien su trabajo. El Congreso presumió una supuesta carta de renuncia presidencial fechada el día 25 de junio que decía: “Dada la situación política prolongada que se ha presentado, la cual ha dado lugar al desencadenamiento de un conflicto nacional que ha erosionado mi base política y debido a problemas insuperables de salud […] cumplo con el deber de interponer mi renuncia irrevocable a la Presidencia de la República […].” 

Es absurdo que después de la presentación de una renuncia, el Congreso auspicie todavía un golpe de Estado, eso prueba la falsedad y la doble moral con la que suelen manejarse personajes como Roberto Micheletti. El gobierno de Honduras le pertenece a Manuel Zelaya y su regreso al poder no es negociable, es la única opción. La supuesta amnistía tampoco es válida, pues ningún delito ha sido cometido por el mandatario legítimo. En el plano internacional, la mediación del presidente costarricense, Óscar Arias, podría ser considerada como una estrategia estadounidense ante la negativa de aceptar como mediador a Hugo Chávez, quien ya ha demostrado éxito con sus logros en su mediación entre las FARC y el gobierno colombiano. Si Chávez interviene como mediador, Estados Unidos estaría fuera de la jugada y el éxito que obtendría sería un duro golpe para la estrategia estadounidense en su afán por recuperar a la América Latina.

En su gran mayoría, el pueblo hondureño apoya el regreso de Zelaya al poder. Si continúa la intransigencia del gobierno de facto y la represión a los inconformes, la violencia de hoy en América Central podría derivar en resultados sangrientos. Es ahora cuando Estados Unidos debe ser fiel a sus principios, más precisamente, a aquél en el cual enarbola la democracia como uno de los ideales de toda sociedad en el mundo. El respeto a ésta, significa la amistad y el respeto a Estados Unidos. Ahí donde la democracia se vea amenazada, Estados Unidos estará presente para restaurarla o en el peor de los casos, instaurarla. Ya se vivió la experiencia en Afganistán e Irak. ¿Qué espera entonces ese gobierno para recuperar el poder de la democracia en Honduras?...desgraciadamente, la doble moral es, aunque no se encuentre instituida, un principio más de la política exterior estadounidense. Pero, con la destitución actual de un gobierno que comenzaba a moverse hacia la izquierda, los intereses del país norteamericano corren menos riesgo, no es viable ni necesario un conflicto armado, no por ahora.

La violencia no debe derivar en más violencia, son las instituciones hondureñas e internacionales las que deben poner una rápida resolución a la actual controversia y restaurar el Estados de derecho antes de que el pueblo hondureño se vea sumido en una peligrosa lucha nacional. Se debe tener presente que los ideales de la izquierda no se logran con las armas, no en un Estado verdaderamente democrático.

Cuando el exceso de transparencia se vuelve cinismo

La democracia responde a la pregunta: ¿quién debe ejercer el poder público? La respuesta es: el ejercicio del poder público corresponde a la colectividad de los ciudadanos. Sin embargo, la democracia no se agota en esta cuestión: se trata simplemente del paso inicial. Una vez que la sociedad ha acordado que la manera legítima de acceder al poder es mediante la realización de elecciones periódicas, es necesario establecer los mecanismos necesarios y suficientes que aseguren el buen funcionamiento del régimen democrático. En otras palabras, no basta con la realización de elecciones periódicas para asegurar un óptimo funcionamiento de la democracia, además, es necesario implementar las instituciones, prácticas y mecanismos que promuevan una mayor calidad de la misma.

La transparencia y el acceso a la información aparecen, pues, como elementos imprescindibles en todo proceso de consolidación democrática. Se trata, en ambos casos, de elementos cruciales en los esfuerzos dirigidos a reducir la corrupción, acrecentar la responsabilidad gubernamental ante los ciudadanos y fortalecer la confianza entre gobierno y ciudadanía. Un argumento sólido es, a decir del Doctor Alasdair Roberts, que el acceso a la información es vital para que las personas puedan ejercer su derecho a participar activamente en el gobierno de su país y que puedan vivir bajo un sistema que se cimiente sobre la base de un consenso informado por parte de la ciudadanía.

A pesar de estos planteamientos, existen obstáculos que han limitado los alcances de la transparencia y el acceso a la información. En primer lugar se encuentra una inercia de opacidad que caracteriza a la cultura burocrática: los servidores públicos no quieren saberse ni sentirse vigilados y prefieren seguir actuando tras el velo de la secrecía. En segundo lugar, cuestiones del orden práctico restringen de manera considerable los impactos de la transparencia y el acceso a la información. Por ejemplo, ‘los gobiernos manifiestan a veces que las leyes de acceso implican excesivos costos administrativos. Una solicitud de información definida en líneas muy generales podría significar que los empleados públicos deban pasar horas examinando archivos, consultando sobre la aplicación correcta de las exenciones y separando de los archivos aquella información que resulta exenta’. Lo anterior asumiendo que exista la información pública lo cual, sin embargo, no sucede así en muchos casos, en que las diferentes organizaciones del sector público no cuentan con la información o estadísticas de su funcionamiento durante etapas anteriores, conformando así una situación dramática en el funcionamiento de cualquier administración pública.

Todo lo anterior nos sirve como marco de referencia para intentar comprender lo que sucede con el caso de las guarderías subrogadas del IMSS, desatado a raíz del incendio sucedido en Sonora hace unas cuantas semanas y en el cual desafortunadamente murieron 48 niños y otros más quedarán con graves cicatrices por el resto de sus vidas. El suceso tuvo lugar el día 5 de junio en que una bodega de la Secretaría de Finanzas del estado de Sonora, ubicada junto a la guardería ABC, se incendiara ocasionando que el fuego afectara el inmueble en que dormían 124 niños. En los días posteriores al incendio aparecieron poco a poco datos que indicaban las irregularidades sistemáticas en que incurría la guardería ABC, tanto en sus operaciones como en sus instalaciones. Sin embargo, conforme pasaban los días, no sólo no se avanzaba en torno a las investigaciones del caso sino que, sospechosamente, se retrasaba la entrega de información por parte de las autoridades, tanto del estado de Sonora como del gobierno federal.

Con el transcurso de los días, y ante la inminencia de las elecciones, ninguna autoridad cumplió con sus responsabilidades en el caso y apostaron, más bien, al olvido de la noticia por parte de la opinión pública. Es de resaltar, sin embargo, la importante labor de los medios de comunicación en este caso en particular ya que se le dio seguimiento al caso: se mantuvieron en contacto con los padres de las víctimas del incendio, tanto de los niños que murieron como de aquellos que fueron trasladados con carácter de gravedad a distintos hospitales; se presionó a las autoridades, no sólo para que respondieran ante la tragedia que este caso en particular representaba, dando a conocer los nombres de los responsables de la guardería ABC, sino también para que dieran a conocer públicamente los listados que contenían los nombres de todas las guarderías que el IMSS habría subrogado.

Este reclamo de una ciudadanía indignada, sin embargo, fue subordinado a los tiempos de una cultura burocrática que rechaza la transparencia y el acceso a la información pública, de autoridades tanto locales como federales que consideraron que este evento podría afectarlos en la jornada electoral que se avecinaba, razón por la cual decidieron no tratar el asunto sino hasta después de que ésta se desarrollara. De ésta manera fue hasta el día 9 de julio, después de más de un mes de sucedido el incendio y, claro, después de que se desarrolló la jornada electoral, en que el director general del IMSS, Daniel Karam, presentó ante el Congreso un disco que contenía la información del sistema de guarderías subrogadas por el IMSS. Hasta este punto, todos los hechos nos hablan del cinismo de los actores políticos y servidores públicos involucrados, así como de la subordinación de la ciudadanía, y ya no sólo me refiero a nuestros intereses y demandas, sino a la impartición de justicia así como a la protección de la vida misma, ante los intereses políticos de unos cuantos personajes.

Por si lo anterior no fuera suficiente, el ejercicio de transparencia que llevó a cabo el IMSS al poner a disposición pública la información de las guarderías subrogadas por este mismo instituto, expone de manera clara la corrupción y las deficiencias con que operan las administraciones públicas en México. En primer lugar, la mecánica que se siguió para que esta información fuera pública pone en evidencia una situación trascendental: o bien, tal como se mencionó en primera instancia, el IMSS carecía de la información que contuviera las listas con los nombres y demás datos de las personas a las que había otorgado los contratos de las guarderías, o peor aún, poseía esa información pero no era políticamente conveniente para el gobierno federal darla a conocer en ese momento. El primer supuesto no es en absoluto creíble, ya que cada mes, el IMSS realiza transferencias económicas a cada una de estas guarderías para su operación, así que el argumento de que no tenían la información es completamente falso. Probablemente no se encontraba sistematizada u homologada, probablemente existían distintos formatos con los datos de las guarderías subrogadas en todo el país, formatos que probablemente no eran compatibles entre sí, pero de que existía información y de que la decisión de no entregarla fue una decisión consciente, ni duda cabe.

Las cosas, como es de suponerse, adquieren tintes más alarmantes conforme pasa el tiempo y conforme estamos en posesión de mayor información. En las listas que dio a conocer Daniel Karam, director general del IMSS aparecen, por ejemplo, los nombres de familiares de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, uno de los principales líderes del narcotráfico. Su hija, María Teresa Zambada Niebla, es dueña de una guardería subrogada por el IMSS, y recibe mensualmente una cantidad de dinero público que le entrega puntualmente el gobierno federal encabezado por Calderón. Carmen Araujo Laveaga, persona clave en la red financiera del cartel de Sinaloa, aparece también entre los nombres de las listas de guarderías subrogadas del IMSS. Se podría argumentar, en un intento por defender lo indefendible, que el IMSS no es policía y no tendría por qué saber, en principio, la relación de estas personas en actividades vinculadas con la delincuencia organizada. Sin embargo, el gobierno mexicano, durante los primeros meses de este año, recibió un informe detallado por parte del gobierno de los Estados Unidos en el cual se le informaba, en particular, de estas dos personas y de sus estrechos vínculos con la delincuencia organizada; más aún, que las guarderías eran utilizadas para el lavado de dinero proveniente de actividades delictivas, principalmente del narcotráfico. El gobierno de los Estados Unidos anunció que congelaría las cuentas de estas personas en su territorio, así como sus diferentes propiedades; por su parte, el presidente Calderón, que ha declarado una guerra contra el narcotráfico, sin embargo, decidió no hacer nada. Después de esto, ya no es de sorprender que en las listas aparezcan nombres como los de José Fox Quesada, hermano del ex presidente Vicente Fox; Dulce María Riancho Gamboa, madre de la priísta Dulce María Sauri Riancho; María Lucía Mícher, quien dirige el Instituto de la Mujer del Gobierno del Distrito Federal; Oscar Medina Plasencia, hermano del ex gobernador de Guanajuato Carlos Medina Plasencia; Mónica Borrego Estrada, hermana del ex gobernador de Zacatecas Genaro Borrego; Rocío Labastida Gómez, hija del senador priísta Francisco Labastida Ochoa; así como integrantes de la familia del gobernador de Sonora Eduardo Burs Castelo, entre muchos otros que irán apareciendo, o que, no es difícil de suponer, ya han sido ‘removidos’ de esa lista. Tampoco es de sorprender, entonces, que los responsables de la guardería ABC, cuya identidad era conocida por la autoridad desde un principio pero no quiso hacerla pública, hayan recibido un periodo de inmunidad e impunidad, que les permitió escapar del país y sean hoy fugitivos; o que el gobierno federal haya solicitado la colaboración de la Interpol, proporcionando nombres e información relevante para su captura, pero sin aún hacer pública esta información en México. Los nombres de los requeridos por la Procuraduría General de la República para que rindan cuentas del por qué de las condiciones de la extinta guardería son: Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, Sandra Lucía Téllez Nieves, Antonio Salido, Gildardo Urquides Serrano, María Fernanda Camou Guillot, Norma Cecilia Mendoza Bermúdez de Matiella, José Manuel Matiella Urquides, el apoderado de la guardería, Marcelo Meouchi, el ex apoderado, y Arturo Leyva Lizárraga, delegado del IMSS en Sonora.

El ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, ha hecho un llamado a la ciudadanía a no hacer juicios sumarios a partir de los nombres de las personas que aparecen en las listas que dio a conocer el IMSS. De acuerdo. Sería injusto generalizar y considerar que no haya personas que desarrollen las actividades que implica la operación de una guardería de manera profesional y responsable. Sin embargo, la evidencia disponible nos lleva más bien a la conclusión contraria, ya que 98% de las guarderías subrogadas no fueron obtenidas mediante un proceso de licitación sino más bien se trató de una adjudicación directa. Dos situaciones saltan a la vista: en primer lugar, el presidente Calderón, cuyo primer decreto fue uno de austeridad para el sector público exceptuando a las fuerzas armadas, ha permitido que se otorguen los contratos de las guarderías del IMSS no a partir de procedimientos como la licitación, cuyo objetivo es cotejar diferentes ofertas técnicas y económicas para hacer más eficiente el gasto público, sino más bien a partir de adjudicaciones directas, que más bien aparecen como prebendas y concesiones del gobierno federal hacia particulares. En segundo lugar, y si el supuesto anterior fuera cierto, quedaría expuesto que las prácticas que imperan en la subrogación de guarderías son la corrupción y el tráfico de influencia, pero nos llevaría a pensar que son prácticas que imperan en todos los niveles de la administración pública en México, al amparo y siendo del conocimiento de las autoridades.

Finalmente, la transparencia y el acceso a la información son herramientas fundamentales en la consolidación de cualquier democracia. Para que éstas sean efectivas se necesita, por un lado, del compromiso de las autoridades de apegarse a lo establecido en la normatividad en este tema, y por parte de la ciudadanía, se requiere que posean las capacidades necesarias para utilizar a fondo su derecho de acceso a la información. ‘El acceso público a la información en poder del gobierno permite que los ciudadanos puedan entender mejor el papel del gobierno y las decisiones que se hacen en su nombre. Una sociedad informada podrá exigir responsabilidad a sus gobiernos por sus políticas y elegir sus dirigentes con mayor efectividad’. En México, sin embargo, el caso de las guarderías subrogadas del IMSS parece colocarnos en el peor escenario posible. No sólo se demuestra la falta de compromiso de las autoridades, locales, estatales y federales, con el tema de la transparencia y el acceso a la información, con todas las consecuencias que esto implica, sino que se demuestra también la falta de recursos y de capacidades por parte de la ciudadanía para hacer efectivo el derecho de acceso a la información. En México el tema ha llegado a tal punto que se puede afirmar, sin demasiadas dificultades, que en las autoridades el exceso de transparencia se traduce como cinismo y en los ciudadanos, ante muestras recurrentes de estos comportamientos nuestra capacidad de asombro se ha debilitado.

La renuncia de Germán Martínez

En política imperan la inmoralidad y la falta de ética. Probablemente haya sido siempre así y probablemente no pueda ser de otra manera. Sin embargo, acontecimientos como la renuncia de Germán Martínez Cázares a la presidencia nacional del PAN, ocurrida hace un par de días, le devuelven, aunque sea sólo un poco, de decoro a esta actividad.

En un régimen democrático el periodo de las campañas electorales es el espacio preciso para que los contendientes se presenten tal como quieren aparecer en la escena pública. Plantean sus propuestas, presentan sus ideas, elaboran una oferta electoral y construyen su imagen, todo ello con el objetivo de obtener un mayor número de votos. Es la etapa idónea para que los ciudadanos puedan confrontar las diferentes alternativas políticas. Una vez que los ciudadanos han expresado su voluntad a través del voto, los procesos y las dinámicas normales de la democracia deben seguir los cauces naturales del debate y la discusión como los caminos para la toma de decisiones.

El único personaje que ha actuado conforme a lo anterior es precisamente Germán Martínez. Desde el inicio del proceso electoral, e incluso desde antes si se quiere, desarrolló una estrategia política que tenía como ejes fundamentales, por un lado, la imagen del presidente Calderón como su principal estandarte político, y por el otro, un enfrentamiento abierto y directo con el PRI. Durante todo el proceso electoral se apegó firmemente a esa estrategia con la convicción de que, cualquiera que fuese el resultado final, apostaría todo su capital político en esa jugada. Podemos estar o no de acuerdo con sus planteamientos o con la estrategia que decidió seguir, podemos estar de acuerdo o no con sus formas y con su estilo de hacer política, pero tal como han referido, entre otros, Ciro Gómez Leyva o Jorge G. Castañeda, es el único que verdaderamente ‘se la jugó’ mientras que el resto de los actores políticos que participaron en la contienda, conscientes de su capital político inicial, apostaron a no perder los espacios que consideraban tener ganados de antemano y evitaron en todo momento entrar al debate y a la discusión pública.

Las elecciones para el PAN, y para Germán Martínez, arrojaron un fracaso de proporciones históricas. Se me dirá que ante tal resultado no tenía otra salida más que presentar su renuncia. Esta conclusión parece lógica, de sentido común y que no requeriría de ningún tipo de análisis. Estaría de acuerdo, de no ser porque el tema del cual estamos hablando es precisamente de la política. Para Ortega y Gasset ‘el imperio de la política es el imperio de la mentira’. Basta con mirar hacia otros actores políticos para comprobar la certeza de esta afirmación. Por ejemplo, el PRD alcanzó únicamente cerca de 12% del total de la votación nacional, resultado que se explica, en buena medida, por el papel saboteador que ha desempeñado López Obrador desde 2006. A pesar de esto, el principal responsable de tan penoso resultado es ensalzado por muchos como un ‘gran líder’ (algo de cierto debe haber, cuando el responsable de esta derrota pasa a ser, a decir de sus prosélitos, el arquitecto de una ‘gran victoria’). En fin, ejemplos como éste en el imperio de la mentira, como lo denomina Ortega y Gasset, hay de sobra, y cada quien puede voltear al partido político que desee y hallará fácilmente alguno.

Es en este escenario en el que adquiere relevancia la renuncia de Germán Martínez a la presidencia del PAN. Sin duda, hubiera sido posible elaborar alguna justificación que lo sostuviera ocupando su cargo, tampoco hubiera sido complicado exponer los factores que explican el resultado obtenido por Acción Nacional en el proceso electoral que ya concluye para así presentar una estrategia de recuperación. Sin embargo, Germán Martínez optó por la salida propia de un hombre institucional, que reconoce que éstas, las instituciones, deben prevalecer sobre los hombres, sea quien sea.

No se trata, y con esto concluyo, de una apología del personaje. Como ya lo he mencionado podemos estar o no de acuerdo con sus planteamientos o con la estrategia que decidió seguir, podemos estar de acuerdo o no con sus formas y con su estilo de hacer política, en lo personal nunca lo he estado con ninguno de estos dos aspectos de Germán Martínez. Sin embargo, es necesario reconocer su proceder, sobre todo, en un medio en el que imperan la inmoralidad y la falta de ética. No se trata de la defensa de un personaje, sino del hecho de poder contemplar la caída de un personaje que, por la forma en que lo hace, devuelve un poco de decoro y dignidad a una esfera que se caracteriza por carecer de estos valores, la política.

El despreciable

Todos ven la abyección de los oradores, pero nadie la del público, afirma Rafael Sánchez Ferlosio. Si éste en los toros es ‘El Respetable’ tan sólo porque puede aplaudir o pitar y abuchear, se vuelve, por regla general, 'El Despreciable' en los regímenes democráticos. El saldo de la jornada electoral del día 5 de julio arroja elementos más que suficientes para sostener tal afirmación.

Vamos por partes. En primer lugar, el consejero presidente del IFE afirmó en un mensaje el día de la jornada electoral que ‘hoy es el día para que las instituciones del Estado y los partidos políticos escuchen la voz de los ciudadanos’. No se trata de un dato menor que haya sido este personaje quien emitió tal sentencia, ya que nos habla del tipo de sistema democrático que tenemos en México. Hoy, y sólo hoy (el día de las elecciones), es el momento en que las instituciones y los partidos políticos se abren para escuchar a los ciudadanos. No se trata, ni siquiera, de un diálogo entre dos partes, de un debate de ideas; en este proceso el ciudadano no recibe retroalimentación alguna. Hacer escuchar su voz consistiría, entonces, en tachar una hoja de papel, proceso que no toma más que unos cuantos segundos en el mejor de los casos. Por su parte, el problema visto enfocándolo hacia los ciudadanos no es más halagüeño. Los optimistas suelen expresar que con el paso del tiempo los ciudadanos se vuelven más politizados, adquieren mayor experiencia y pueden tomar así mejores decisiones que coadyuven a consolidar la democracia en México. Nada más alejado de la realidad. En general, el electorado mexicano no decide el sentido de su voto en función de las plataformas electorales de los partidos políticos, de las propuestas electorales que se hacen en las campañas, de los proyectos de futuro presentados por los diferentes partidos, no toma en cuenta tampoco las trayectorias históricas de los partidos políticos ni de los candidatos que se presentan a competir en las elecciones. Se podría decir, sin demasiadas dificultades, que lo que determina el sentido del voto, en general, del electorado mexicano es más bien un sentido común mal fundamentado a partir de frases estridentes que hábilmente forjan los políticos.

Así las cosas, los resultados de la jornada electoral se prestan para el análisis. Por un lado, el gran perdedor es sin duda el PAN. Desde el inicio equivocó la dirección de la campaña electoral, convirtiéndola sin más en un referéndum de la gestión del presidente Calderón. El hoy presidente del desempleo y de la inseguridad ha fallado, esa es la percepción general, en los dos temas centrales de su propia agenda. La crisis económica mundial, si bien no fue tema de discusión de la campaña electoral, no por ello deja de estar presente en la vida cotidiana de los mexicanos influyendo, en mayor o menor medida, en el sentido de sus votos. La campaña de enfrentamiento con el PRI planteada desde la dirigencia nacional del PAN no fue efectiva y demostró, más bien, la incapacidad del gobierno en turno y de su partido para ofrecer respuestas acertadas ante los problemas que enfrenta el país. Su planteamiento de que los problemas del presente son, sobre todo, resultado de malas decisiones tomadas en el pasado se olvida de que el PAN forma parte de ese pasado al que aluden, dado que llevan ya nueve años ocupando la presidencia de la república. Finalmente quedó demostrada también la incapacidad de los integrantes del PAN de operar desde el poder los mecanismos electorales del sistema para lograr una campaña electoral eficaz, perdiendo incluso gubernaturas como las de Querétaro y San Luis Potosí que parecían ser en un principio bastiones panistas, por no mencionar también los municipios del cinturón azul en el Estado de México que perdieron también. El número de diputados federales obtenidos tampoco es suficiente para mantener el veto del presidente ante el Congreso, lo que supone una posición de vulnerabilidad para la figura presidencial y su subordinación ante las determinaciones legislativas, por ejemplo, en términos presupuestales. Si bien el gran perdedor es el PAN, su derrota pudo haber sido mucho más estrepitosa de no ser por la popularidad de que gozaba el presidente Calderón, que se encontraba alrededor de 70% de aprobación antes de la elección, y que detuvo en buena medida la caída del PAN.

El otro gran perdedor en esta elección fue sin duda alguna el PRD. Las guerras internas en el PRD han demostrado ser devastadoras para este partido colocándolo por debajo de su promedio histórico (17%) y probablemente muy cerca de su piso electoral mínimo (12%). Irónicamente, ni la ultraderecha, ni el ‘PRIAN’, ni la mafia, ni los lacayos de la mafia fueron los responsables de este fracaso sino que el autor intelectual de esta debacle fue el ‘innombrable’, y no me refiero a Salinas sino a López Obrador. Fue el propio López Obrador quien, desde el interior, operó para minar las fuerzas perredistas saboteando cualquier intento de la estrategia electoral del PRD. Inició haciendo un llamado a votar por candidatos del PT y de Convergencia, sobre todo, para asegurarles el registro y para asegurarse a sí mismo la propiedad de dos franquicias que estuvieran bajo sus órdenes para dejar de depender así del PRD. Finalmente, en una abierta transgresión, llamó a no votar por el PRD falso sino a hacerlo por el PRD verdadero, que no es el PRD sino más bien el PT y Convergencia. En una muestra de alquimia electoral, que es además una muestra muy sugerente del surrealismo de la política mexicana, López Obrador fue capaz de transformar a una señora de nombre Clara Brugada en un señor de nombre Rafael Acosta (alias Juanito); explicó que si en Iztapalapa querían que ganara Clara Brugada del PRD no tenían que votar por Clara Brugada del PRD en la boleta electoral, sino más bien por Rafael Acosta del PT quien era la verdadera Clara Brugada; una vez ganada la elección, giraría órdenes para que Juanito renunciara, la Asamblea Legislativa, que aún no había sido electa, aceptara la renuncia y postulara a Clara Brugada como jefa delegacional, nombramiento que aprobaría a su vez el jefe de gobierno Marcelo Ebrard quien, claro está, acataría la instrucción de López Obrador. Por increíble y surrealista que todo esto parezca, la primera parte del supuesto se ha cumplido y Rafael Acosta ganó la elección en Iztapalapa. Falta ver si acaso la Asamblea Legislativa recién electa, así como el jefe de gobierno del DF acatarán las órdenes del ‘innombrable’. Es de llamar la atención, sin embargo, que López Obrador, que hace tres años se encontraba disputando la presidencia de la república que a la postre perdería por tan sólo unos cuantos votos, se encuentre hoy defendiendo su proyecto en una elección a jefe delegacional.

Finalmente, el gran ganador de este proceso electoral ha sido sin duda alguna el PRI ganando cinco de las seis gubernaturas en disputa (Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Colima, y Campeche) y manteniéndose en la lucha por la de Sonora; obtuvo la mayoría relativa en la Cámara de Diputados al conseguir alrededor de 36.7% de los votos; recuperó territorios que se encontraban, sobre todo, en manos del PAN, como Guadalajara, Zapopan, Naucalpan, Toluca, Cuernavaca, Cuautitlán Izcalli, Atizapán, así como Nezahualcóyotl, entre otros. Se trata, pues, del ganador indiscutible que, a partir de ahora, se convierte nuevamente en la primera fuerza política en el país y que genera una gran expectativa con miras a lo que será el proceso electoral del año 2012 para elegir al nuevo presidente. Ante este escenario, conviene reflexionar un poco sobre lo que nos dice este reposicionamiento del PRI en la vida política nacional. En primer lugar, desde el año 2008, el PRI había sido el partido político con un mejor desempeño electoral, ganando prácticamente todas las elecciones a las que se presentó. Al inicio de este año, el PRI se perfilaba para alcanzar, por sí solo, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Su estrategia consistió, básicamente en no desgastarse y más bien continuar con esa inercia ganadora manteniendo un perfil bajo. Entonces, más que un triunfo orquestado por el propio PRI, la mayor parte de la explicación proviene de lo que hicieron sus rivales políticos, PAN y PRD que fueron incapaces de presentar alternativas convincentes para el electorado. El triunfo del PRI se explica en buena medida, por la incapacidad mostrada por el gobierno de Calderón y por el PAN, así como por los conflictos internos del PRD. Lo decía ya desde marzo de este año Luis Medina Peña: “si el PRI obtiene una mayoría relativa en la Cámara baja será gracias a la lealtad de su voto y al descontento en las filas del PAN y del PRD con el desempeño de sus partidos. La delantera del PRI se deberá, pues, más a deficiencias de la oposición que al mejoramiento de estrategias, tácticas u organización propias”.

El lema de ‘Reconstrucción XXI’ es el que ha funcionado como eje articulador para el reposicionamiento del PRI. Se trata, sobre todo, de un proceso interno más que de uno que se desarrolle de cara a la sociedad. Hasta antes de la elección del año 2000 el PRI tenía una estructura piramidal, con el presidente del país como máximo líder. Sin embargo, tras la derrota de ese año el PRI se transformó en un condominio horizontal en dónde ya no había un propietario único del inmueble sino propietarios de distinto peso. Los gobernadores, los líderes de los grupos parlamentarios del PRI en las Cámaras de Diputados y Senadores, así como el presidente del partido y la secretaria general, adquirieron un mayor peso específico en los procesos de dirección y toma de decisión que, sin embargo, no generaron los acuerdos y equilibrios necesarios para permitir el desarrollo óptimo de la vida interna del partido. La elección de 2006 en que el PRI obtuvo su más baja votación en la historia para una campaña presidencial (22%) demostró la inviabilidad de tal sistema. Desde 2007 el PRI se ha dado a la tarea de construir un nuevo andamiaje institucional que le permitiera recuperar los espacios perdidos. Es así como la ‘Reconstrucción XXI’ aparece como la operación que le ha permitido al PRI construir los nuevos equilibrios que le han significado una serie de triunfos electorales en todo el territorio nacional.

En los estados priístas hay una especie de presidente de los de antes en cada gobernador, quienes han formado una coalición encabezada por Enrique Peña Nieto (el Gober Preciosísimo). Es con él con quien hay que negociar dentro del PRI y es él quien habla a nombre de todos los gobernadores. Por otro lado, también se encuentra el Senador Manlio Fabio Beltrones, líder del grupo parlamentario del PRI en el Senado y nombrado en todos los círculos de la política como ‘vicepresidente’ es decir, el segundo hombre más influyente en el país, sólo detrás del presidente. Finalmente, en la estructura interna del PRI la presidenta del partido, Beatriz Paredes ha sido el tercer elemento en esta operación, actuando como una hábil negociadora que ha sido capaz de construir y conservar el acuerdo que representa la ‘Reconstrucción XXI’. En términos prácticos, esta operación coloca a Beltrones como el líder del PRI en el Congreso por lo que resta del sexenio, a Paredes le corresponden los diputados plurinominales priístas y a los gobernadores todos los diputados de mayoría relativa, por lo que en la nueva legislatura que se formará en la Cámara de Diputados habrá, más que una bancada nacional del PRI, diversas bancadas que responderán, sobre todo, a cada uno de sus gobernadores.

Queda claro que el regreso del PRI se debe, sobre todo, a la incapacidad demostrada por el PAN y por el PRD y a la operación ‘Reconstrucción XXI’ que representa un nuevo equilibrio entre las fuerzas internas del partido. Sin embargo, el PRI no ha planteado en ningún momento cuál sea el proyecto de país que ofrece ni tampoco cuál es su oferta electoral para los ciudadanos. Se trata sobre todo de un pragmatismo recalcitrante, así como de la oferta de su capacidad de ‘saber hacer’. ‘Lo que los electores ven es a un partido que sabe hacer las cosas, y se acabó’. A estas alturas de la corta experiencia democrática en México, sin embargo, resulta irónico que sea ese mismo partido que en la última década del siglo XX fuera tan duramente criticado por su manera de hacer las cosas el que aparezca, ante la consideración del electorado, como el actor apropiado para establecer el rumbo del país en pleno siglo XXI. Tal como lo afirma Héctor Aguilar Camín: “la pregunta que el PRI no ha respondido es para qué quiere la casa mayor del condominio (refiriéndose a la presidencia que al día de hoy parece ya ganada también por el PRI), qué piensa hacer con ella. Las fórmulas antiguas no servirán de mucho. Pero nadie ha formulado las nuevas. La respuesta clásica a éstas preguntas se antoja suficiente: el poder es algo que se quiere por sí mismo, no necesita proyecto, no lo recoge y lo inventa en el camino”.

Finalmente, no quisiera concluir este texto sin antes ofrecer una reflexión final sobre el electorado en México. Al ser entrevistados después de haber emitido su voto, diversos personajes de la política mexicana invitaban a la ciudadanía a acudir a las urnas para sufragar, para expresar su voluntad, hacer oír su voz y escoger a sus representantes. En particular, el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, concluía con la frase ‘los ciudadanos no se equivocan’. Frase que alude a un tema que no es menor. Como ya expliqué al inicio de este texto, los ciudadanos en México se encuentran en un nivel muy cercano al analfabetismo político. Toman su decisión no a partir del contacto con las plataformas políticas, ni con planteamientos concretos de los partidos o de los candidatos, sino más bien a partir de elementos subjetivos que no les permiten fundamentar sólidamente su decisión. Los partidos políticos, por su parte, no ayudan en nada al ciudadano, al hacer propuestas ambiguas y vagas que aparecen más bien como listas de buenos deseos, planteamientos políticamente correctos que, sin embargo, no se pueden materializar en la realidad. Al inicio de este texto hacía mención de ‘El Despreciable’ no para achacar toda la responsabilidad de la situación democrática en México a un electorado que no cuenta con los recursos mínimos para tomar una decisión medianamente fundamentada. Me refiero más bien a ‘El Despreciable’ como aquellos ciudadanos que consideran que su participación se cumple con el simple hecho de asistir a las urnas y votar, para aceitar periódicamente la maquinaria democrática y asegurar su buen funcionamiento. Por el contrario, la etapa actual de la democracia que hemos alcanzado en México obliga a una mayor participación por parte de los ciudadanos en la vida pública. El voto es una parte fundamental en toda democracia, pero la democracia no se agota en el voto, sino que va más allá. En México, aquellos cambios que se podían generar a partir del voto se han alcanzado ya, por lo que no podemos seguir esperando muchas cosas más del voto. Ahora todo cambio que se pretenda generar tendrá que pasar, necesariamente, por otras vías diferentes al voto. Nos corresponde como ciudadanía participar más activamente en la vida pública, por ejemplo, generando esquemas de mayor transparencia y de rendición de cuentas de los gobernantes y de todas las autoridades. El término de ‘El Despreciable’ no parte pues de una consideración cuantitativa, sino más bien cualitativa y que nos corresponde a todos y cada uno de nosotros asumir. No pasa tampoco por los partidos políticos sino que se trata fundamentalmente de un proceso que nos concierne principalmente a los ciudadanos.

Tiempos de reflexión

En unos cuantos días, los mexicanos tendremos la oportunidad de participar en una práctica democrática para elegir, entre otras cosas, la conformación de una nueva legislatura en la Cámara de Diputados, así como a un nuevo gobernador en seis estados del país (Campeche, Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora), además de diputados locales e integrantes para los distintos cargos en ayuntamientos y jefaturas delegacionales en diez entidades de la República (D.F., Guanajuato, Jalisco y Morelos, así como a los ya antes mencionados). Tal como lo establece la normatividad electoral que regula este proceso, tres días antes de la jornada electoral no se permite la celebración ni la difusión de reuniones o de actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales. La racionalidad de esto es permitir que el proceso de decisión de los ciudadanos se desarrolle nítida y pacíficamente, sin interferencias externas que lo perturbe. Esto sucedería en un plano ideal del cual, sin embargo, dista mucho la realidad. A estas alturas se supondría que los ciudadanos poseen ya la información suficiente para valorar las propuestas y las ofertas electorales de los partidos políticos presentadas a lo largo de las campañas. Así, este periodo de veda electoral supondría un alto a los procesos de difusión y comunicación política que permitiría a los ciudadanos discernir entre las distintas alternativas para decidir el sentido de su voto. En realidad este proceso electoral, regulado por la más reciente reforma a la ley electoral de la cual ya he hablado en un texto anterior, se ha caracterizado por un bombardeo constante de spots en los distintos medios de comunicación, por campañas electorales carentes de contenidos y de propuestas concretas (no sólo del ‘qué’ sino sobre todo del ‘cómo’), situaciones ambas que han conducido a una situación en que la ciudadanía no tiene los elementos mínimos para tomar una decisión sólidamente fundamentada. Así las cosas, los ciudadanos, en general, no ven en esta veda electoral una oportunidad para la reflexión, sino más bien, la conclusión de un periodo de bombardeo sin sentido que más que motivarlos a participar en esta práctica democrática que se avecina ha conseguido justamente lo contrario.

A pesar de esto, no quiero dejar pasar la oportunidad para ofrecer una reflexión de lo que rodea a la democracia en México, que se centra sobre todo en elementos de largo aliento que afectan las prácticas y la calidad de la democracia en su totalidad. La reflexión que propongo, entonces, poco tiene que ver con la inmensa mayoría de artículos de opinión que se publican en estas fechas en los diarios que se enfocan principalmente al proceso electoral en curso, sus características, sus posibles escenarios así como los posibles saldos del mismo. Tal parece que hoy todos los diarios son el mismo diario. Sin embargo, y como consecuencia de mi planteamiento, tampoco pretendo que esta reflexión ofrezca respuestas concretas para el presente proceso electoral, aunque sí, tal vez, elementos que sean útiles para la elaboración de una interpretación diferente de sus resultados. Propongo, entonces, que la reflexión se desarrolle a partir de la noción de ‘construcción de identidades’ en la sociedad, y del impacto que esta noción tiene en el funcionamiento de la democracia en México.

Las identidades son “mapas mentales” que usan los individuos para clasificar y ordenar la realidad social. Por definición, no se trata de cosas que estén dadas de una vez y para siempre sino que se trata de elementos dinámicos que se encuentran en constante cambio. La forma en que se construye una identidad es tan simple como el trazo de una línea, que separa a un conjunto de individuos que se encontraban unidos con anterioridad, y que a partir de esa división comparten ciertas características que permiten, desde ese momento, la aparición de un ‘nosotros’ y de un ‘ellos’. Lo importante en el proceso de construcción de identidades es la manera de trazar las líneas de inclusión y de exclusión que configuran los límites de un orden social. A partir de un enfoque como éste es claro que ‘la sociedad’, como tal, ha dejado de ser un hecho evidente.

La historia de México, concentrémonos en este momento en el siglo XX, nos habla de la construcción y consolidación de un proyecto nacional cuyo eje articulador fue el Estado. Tras la lucha revolucionaria, y después de la muerte del general Álvaro Obregón, último caudillo y líder militar sobreviviente de la gesta revolucionaria, se dio inició a la construcción de un país de instituciones. Así, poco a poco el Estado fue creciendo y apoderándose de la escena política y, en mayor o menor medida, de todas las esferas públicas, de tal forma que procesos como la modernización del país, su industrialización, educación, urbanización y crecimiento económico fueron actividades que se desarrollaron al amparo del Estado. No se trata, sin embargo, de un proceso que sólo se desarrolló en México sino también en los distintos países de Hispanoamérica: “los estados impulsaron la construcción política de la identidad nacional mediante un trabajo cultural: la sacralización de una historia nacional y la transmisión de una ‘cultura nacional’. Modelaron así las tradiciones y memorias colectivas que contribuyeron no sólo a unificar al pueblo (como principio de legitimidad política), sino a incorporarlo al sistema de dominación”. En México, el Estado funcionaba como referente simbólico que ayudaba a ordenar y dotar de sentido las experiencias sociales de los individuos, en tanto elemento central para la construcción de identidades. No se trata que durante ese periodo la sociedad fuera una unidad homogénea, sino que la diversidad de identidades que pudiesen haber existido encontraba su cauce de salida, tenía que hacerlo necesariamente, con referencia al Estado. La certidumbre que generaba el imaginario estatista durante buena parte del siglo XX en México se consiguió bajo el control político de un solo partido político en el poder, que filtraba las demandas ciudadanas y que a su vez generaba las respuestas de políticas públicas. Por tanto, el mapa de referencia que se desprendía de esta estructura era bastante simple y claro para los individuos.

El proceso de transición democrática en México puede tener diversos puntos de partida, según el autor y la bibliografía que se consulte, sin embargo, como punto de quiebre definitivo el año de 1988 marcó el final del mapa mental de referencia estatista. A partir de la elección de 1988 se trastocaron los lineamientos fundamentales de ese marco de referencia, lo cual dio origen a que la diversidad de identidades que existían en el subsuelo social se pudiera expresar en diferentes propuestas políticas con posibilidades reales de alcanzar lo más alto del Estado mexicano: la presidencia del país, que contenía en sí misma las figuras de jefe de Estado y de jefe de gobierno. No se trata de que la llegada de la democracia, como idea presente en la experiencia social y en la discusión pública, haya dado origen a nuevas identidades que no existían antes, sino que más bien les abrió una ventana de oportunidad para expresarse. 

La nueva configuración mental que ha llegado con la democracia en México ha generado, sin embargo, una especia de caos en los mapas de referencia mentales de los individuos. Si bien, antes la identidad de un ‘nosotros’ existía con referencia al Estado, la democracia ha sido incapaz de generar una nueva identidad de un ‘nosotros’ que dé sentido a la realidad social. “La democracia no ha sabido dar nombre ni claves interpretativas que hayan aportado inteligibilidad a los cambios emprendidos. Ha faltado narrar un ‘cuento de México’; un relato que ayude a la gente a visualizar su biografía personal como parte de una trayectoria histórica, lo que genera, en última instancia, la sospecha de haber quedado al margen”. Al analizarlo más detenidamente nos podemos dar cuenta de la gravedad del asunto. Al cambiar las representaciones que la gente suele tener de la sociedad parece más difícil hacerse una idea de la totalidad de la vida social. Sin ese marco de referencia es más difícil sentirse parte de un sujeto colectivo. Lo social dejaría de ser vivido como una interacción moldeada por nosotros mismos para aparecer ante nosotros como una imposición.

Se podría replicar que mi argumento es débil en el sentido que hoy como nunca antes en la historia del país las identidades presentes en la escena pública hacen más sólida a la democracia mexicana, permiten la expresión de distintas percepciones, necesidades y demandas, todo lo cual hace más completa y rica la vida pública. En parte esto es cierto, pero sólo en parte. La democracia ha establecido cierto consenso básico, pero no un imaginario de ‘nosotros los mexicanos’ a tal grado que se podría decir, sin demasiadas dificultades, que es más lo que nos separa que lo que nos une. “La diversidad social puede representar una de las grandes riquezas del país, siempre que sea contenida por un orden. Sin dicho ‘cierre’, la diversidad tiende a desembocar en una fragmentación: un imaginario deslavado del ‘nosotros’ inhibe la construcción de los lazos de confianza y cooperación en el quehacer diario”. Si bien este fenómeno ha estado presente, al menos, desde 1988, como saldo de la elección del año 2006 se ha hecho más evidente. En realidad no existe una identidad de ‘nosotros los mexicanos’ sino diversas identidades que generan un ‘nosotros’ a partir de los diferentes partidos políticos (y más recientemente incluso fuera de los mismos pero manteniéndolos aún como referente central) con consecuencias que ponen en peligro, o al menos a prueba, a la democracia mexicana. Lo anterior podría iluminar la tendencia actual de la democracia en México: las críticas de las cuales es objeto podrían expresar no sólo un mal funcionamiento institucional, sino, sobre todo, su inoperancia como imaginario colectivo en el cual puedan reconocerse los individuos.

“La lucha política es (no sólo) una lucha entre concepciones diferentes de cómo vivir juntos. ¿Cómo nos organizamos para convivir? Y ello depende de la respuesta que demos al otro interrogante: ¿qué idea nos hacemos de la convivencia deseada? Son esas preguntas las que guían a los diferentes ‘proyectos país’ que se enfrentan en la arena política”. Sin embargo, si se carece de una identidad de ‘nosotros’ que trascienda aquellas que se desprenden de los partidos políticos, ambas preguntas carecen completamente de sentido. A partir del proceso electoral de 2006, pareciera que todo intento de convivencia social ha desaparecido y ahora se ha establecido como objetivo el sometimiento del otro. Cada partido se ha erigido como infalible, el único propietario de la verdad y el único capaz de llevar a buen puerto el destino del país, lo grave es que los individuos de la sociedad se lo han creído. La tarea es, pues, no la construcción de una identidad de un ‘nosotros’ que sea capaz de dar cabida al grueso de la sociedad, sino más bien la imposición de cada identidad parcial que se desprende de los distintos partidos políticos, eliminando la posibilidad de convivencia con las restantes.

Este es pues el entramado que se ha construido a lo largo de la experiencia democrática en México, y que no sólo hemos sido incapaces de modificar, sino que con el tiempo se ha vuelto cada vez más polarizante. Será el trasfondo en el cual tengan lugar las tan aludidas elecciones del día 5 de julio y que sin embargo no sufrirá ningún cambio en lo absoluto. En estos días, los analistas políticos laboran arduamente explicando quién será el ganador y quienes los perdedores, dando rangos y demás estimaciones, sin considerar que, dadas todas las conclusiones aquí presentadas, el mayor perdedor es México. Por si esto no fuera suficiente, en la actualidad se tiende a reforzar el presente como dimensión exclusiva. Como consecuencia de esto, la premisa de que en una democracia no hay triunfos ni derrotas para siempre deja de ser cierta, ya que en cada elección se apuesta a todo o nada. “Al debilitarse pasado y futuro, memoria e imaginación, no habría manera de construir un ‘nosotros’. Quiero decir, no habría historia que pueda narrar quiénes somos ‘nosotros’ como una trayectoria desde donde venimos y hacia donde queremos caminar”.