Cuando el exceso de transparencia se vuelve cinismo

La democracia responde a la pregunta: ¿quién debe ejercer el poder público? La respuesta es: el ejercicio del poder público corresponde a la colectividad de los ciudadanos. Sin embargo, la democracia no se agota en esta cuestión: se trata simplemente del paso inicial. Una vez que la sociedad ha acordado que la manera legítima de acceder al poder es mediante la realización de elecciones periódicas, es necesario establecer los mecanismos necesarios y suficientes que aseguren el buen funcionamiento del régimen democrático. En otras palabras, no basta con la realización de elecciones periódicas para asegurar un óptimo funcionamiento de la democracia, además, es necesario implementar las instituciones, prácticas y mecanismos que promuevan una mayor calidad de la misma.

La transparencia y el acceso a la información aparecen, pues, como elementos imprescindibles en todo proceso de consolidación democrática. Se trata, en ambos casos, de elementos cruciales en los esfuerzos dirigidos a reducir la corrupción, acrecentar la responsabilidad gubernamental ante los ciudadanos y fortalecer la confianza entre gobierno y ciudadanía. Un argumento sólido es, a decir del Doctor Alasdair Roberts, que el acceso a la información es vital para que las personas puedan ejercer su derecho a participar activamente en el gobierno de su país y que puedan vivir bajo un sistema que se cimiente sobre la base de un consenso informado por parte de la ciudadanía.

A pesar de estos planteamientos, existen obstáculos que han limitado los alcances de la transparencia y el acceso a la información. En primer lugar se encuentra una inercia de opacidad que caracteriza a la cultura burocrática: los servidores públicos no quieren saberse ni sentirse vigilados y prefieren seguir actuando tras el velo de la secrecía. En segundo lugar, cuestiones del orden práctico restringen de manera considerable los impactos de la transparencia y el acceso a la información. Por ejemplo, ‘los gobiernos manifiestan a veces que las leyes de acceso implican excesivos costos administrativos. Una solicitud de información definida en líneas muy generales podría significar que los empleados públicos deban pasar horas examinando archivos, consultando sobre la aplicación correcta de las exenciones y separando de los archivos aquella información que resulta exenta’. Lo anterior asumiendo que exista la información pública lo cual, sin embargo, no sucede así en muchos casos, en que las diferentes organizaciones del sector público no cuentan con la información o estadísticas de su funcionamiento durante etapas anteriores, conformando así una situación dramática en el funcionamiento de cualquier administración pública.

Todo lo anterior nos sirve como marco de referencia para intentar comprender lo que sucede con el caso de las guarderías subrogadas del IMSS, desatado a raíz del incendio sucedido en Sonora hace unas cuantas semanas y en el cual desafortunadamente murieron 48 niños y otros más quedarán con graves cicatrices por el resto de sus vidas. El suceso tuvo lugar el día 5 de junio en que una bodega de la Secretaría de Finanzas del estado de Sonora, ubicada junto a la guardería ABC, se incendiara ocasionando que el fuego afectara el inmueble en que dormían 124 niños. En los días posteriores al incendio aparecieron poco a poco datos que indicaban las irregularidades sistemáticas en que incurría la guardería ABC, tanto en sus operaciones como en sus instalaciones. Sin embargo, conforme pasaban los días, no sólo no se avanzaba en torno a las investigaciones del caso sino que, sospechosamente, se retrasaba la entrega de información por parte de las autoridades, tanto del estado de Sonora como del gobierno federal.

Con el transcurso de los días, y ante la inminencia de las elecciones, ninguna autoridad cumplió con sus responsabilidades en el caso y apostaron, más bien, al olvido de la noticia por parte de la opinión pública. Es de resaltar, sin embargo, la importante labor de los medios de comunicación en este caso en particular ya que se le dio seguimiento al caso: se mantuvieron en contacto con los padres de las víctimas del incendio, tanto de los niños que murieron como de aquellos que fueron trasladados con carácter de gravedad a distintos hospitales; se presionó a las autoridades, no sólo para que respondieran ante la tragedia que este caso en particular representaba, dando a conocer los nombres de los responsables de la guardería ABC, sino también para que dieran a conocer públicamente los listados que contenían los nombres de todas las guarderías que el IMSS habría subrogado.

Este reclamo de una ciudadanía indignada, sin embargo, fue subordinado a los tiempos de una cultura burocrática que rechaza la transparencia y el acceso a la información pública, de autoridades tanto locales como federales que consideraron que este evento podría afectarlos en la jornada electoral que se avecinaba, razón por la cual decidieron no tratar el asunto sino hasta después de que ésta se desarrollara. De ésta manera fue hasta el día 9 de julio, después de más de un mes de sucedido el incendio y, claro, después de que se desarrolló la jornada electoral, en que el director general del IMSS, Daniel Karam, presentó ante el Congreso un disco que contenía la información del sistema de guarderías subrogadas por el IMSS. Hasta este punto, todos los hechos nos hablan del cinismo de los actores políticos y servidores públicos involucrados, así como de la subordinación de la ciudadanía, y ya no sólo me refiero a nuestros intereses y demandas, sino a la impartición de justicia así como a la protección de la vida misma, ante los intereses políticos de unos cuantos personajes.

Por si lo anterior no fuera suficiente, el ejercicio de transparencia que llevó a cabo el IMSS al poner a disposición pública la información de las guarderías subrogadas por este mismo instituto, expone de manera clara la corrupción y las deficiencias con que operan las administraciones públicas en México. En primer lugar, la mecánica que se siguió para que esta información fuera pública pone en evidencia una situación trascendental: o bien, tal como se mencionó en primera instancia, el IMSS carecía de la información que contuviera las listas con los nombres y demás datos de las personas a las que había otorgado los contratos de las guarderías, o peor aún, poseía esa información pero no era políticamente conveniente para el gobierno federal darla a conocer en ese momento. El primer supuesto no es en absoluto creíble, ya que cada mes, el IMSS realiza transferencias económicas a cada una de estas guarderías para su operación, así que el argumento de que no tenían la información es completamente falso. Probablemente no se encontraba sistematizada u homologada, probablemente existían distintos formatos con los datos de las guarderías subrogadas en todo el país, formatos que probablemente no eran compatibles entre sí, pero de que existía información y de que la decisión de no entregarla fue una decisión consciente, ni duda cabe.

Las cosas, como es de suponerse, adquieren tintes más alarmantes conforme pasa el tiempo y conforme estamos en posesión de mayor información. En las listas que dio a conocer Daniel Karam, director general del IMSS aparecen, por ejemplo, los nombres de familiares de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, uno de los principales líderes del narcotráfico. Su hija, María Teresa Zambada Niebla, es dueña de una guardería subrogada por el IMSS, y recibe mensualmente una cantidad de dinero público que le entrega puntualmente el gobierno federal encabezado por Calderón. Carmen Araujo Laveaga, persona clave en la red financiera del cartel de Sinaloa, aparece también entre los nombres de las listas de guarderías subrogadas del IMSS. Se podría argumentar, en un intento por defender lo indefendible, que el IMSS no es policía y no tendría por qué saber, en principio, la relación de estas personas en actividades vinculadas con la delincuencia organizada. Sin embargo, el gobierno mexicano, durante los primeros meses de este año, recibió un informe detallado por parte del gobierno de los Estados Unidos en el cual se le informaba, en particular, de estas dos personas y de sus estrechos vínculos con la delincuencia organizada; más aún, que las guarderías eran utilizadas para el lavado de dinero proveniente de actividades delictivas, principalmente del narcotráfico. El gobierno de los Estados Unidos anunció que congelaría las cuentas de estas personas en su territorio, así como sus diferentes propiedades; por su parte, el presidente Calderón, que ha declarado una guerra contra el narcotráfico, sin embargo, decidió no hacer nada. Después de esto, ya no es de sorprender que en las listas aparezcan nombres como los de José Fox Quesada, hermano del ex presidente Vicente Fox; Dulce María Riancho Gamboa, madre de la priísta Dulce María Sauri Riancho; María Lucía Mícher, quien dirige el Instituto de la Mujer del Gobierno del Distrito Federal; Oscar Medina Plasencia, hermano del ex gobernador de Guanajuato Carlos Medina Plasencia; Mónica Borrego Estrada, hermana del ex gobernador de Zacatecas Genaro Borrego; Rocío Labastida Gómez, hija del senador priísta Francisco Labastida Ochoa; así como integrantes de la familia del gobernador de Sonora Eduardo Burs Castelo, entre muchos otros que irán apareciendo, o que, no es difícil de suponer, ya han sido ‘removidos’ de esa lista. Tampoco es de sorprender, entonces, que los responsables de la guardería ABC, cuya identidad era conocida por la autoridad desde un principio pero no quiso hacerla pública, hayan recibido un periodo de inmunidad e impunidad, que les permitió escapar del país y sean hoy fugitivos; o que el gobierno federal haya solicitado la colaboración de la Interpol, proporcionando nombres e información relevante para su captura, pero sin aún hacer pública esta información en México. Los nombres de los requeridos por la Procuraduría General de la República para que rindan cuentas del por qué de las condiciones de la extinta guardería son: Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, Sandra Lucía Téllez Nieves, Antonio Salido, Gildardo Urquides Serrano, María Fernanda Camou Guillot, Norma Cecilia Mendoza Bermúdez de Matiella, José Manuel Matiella Urquides, el apoderado de la guardería, Marcelo Meouchi, el ex apoderado, y Arturo Leyva Lizárraga, delegado del IMSS en Sonora.

El ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, ha hecho un llamado a la ciudadanía a no hacer juicios sumarios a partir de los nombres de las personas que aparecen en las listas que dio a conocer el IMSS. De acuerdo. Sería injusto generalizar y considerar que no haya personas que desarrollen las actividades que implica la operación de una guardería de manera profesional y responsable. Sin embargo, la evidencia disponible nos lleva más bien a la conclusión contraria, ya que 98% de las guarderías subrogadas no fueron obtenidas mediante un proceso de licitación sino más bien se trató de una adjudicación directa. Dos situaciones saltan a la vista: en primer lugar, el presidente Calderón, cuyo primer decreto fue uno de austeridad para el sector público exceptuando a las fuerzas armadas, ha permitido que se otorguen los contratos de las guarderías del IMSS no a partir de procedimientos como la licitación, cuyo objetivo es cotejar diferentes ofertas técnicas y económicas para hacer más eficiente el gasto público, sino más bien a partir de adjudicaciones directas, que más bien aparecen como prebendas y concesiones del gobierno federal hacia particulares. En segundo lugar, y si el supuesto anterior fuera cierto, quedaría expuesto que las prácticas que imperan en la subrogación de guarderías son la corrupción y el tráfico de influencia, pero nos llevaría a pensar que son prácticas que imperan en todos los niveles de la administración pública en México, al amparo y siendo del conocimiento de las autoridades.

Finalmente, la transparencia y el acceso a la información son herramientas fundamentales en la consolidación de cualquier democracia. Para que éstas sean efectivas se necesita, por un lado, del compromiso de las autoridades de apegarse a lo establecido en la normatividad en este tema, y por parte de la ciudadanía, se requiere que posean las capacidades necesarias para utilizar a fondo su derecho de acceso a la información. ‘El acceso público a la información en poder del gobierno permite que los ciudadanos puedan entender mejor el papel del gobierno y las decisiones que se hacen en su nombre. Una sociedad informada podrá exigir responsabilidad a sus gobiernos por sus políticas y elegir sus dirigentes con mayor efectividad’. En México, sin embargo, el caso de las guarderías subrogadas del IMSS parece colocarnos en el peor escenario posible. No sólo se demuestra la falta de compromiso de las autoridades, locales, estatales y federales, con el tema de la transparencia y el acceso a la información, con todas las consecuencias que esto implica, sino que se demuestra también la falta de recursos y de capacidades por parte de la ciudadanía para hacer efectivo el derecho de acceso a la información. En México el tema ha llegado a tal punto que se puede afirmar, sin demasiadas dificultades, que en las autoridades el exceso de transparencia se traduce como cinismo y en los ciudadanos, ante muestras recurrentes de estos comportamientos nuestra capacidad de asombro se ha debilitado.